Historias de patentes (I): el traje de buzo

Autor

Miguel Á. Martínez (Socio y Experto en Patentes y Marcas)

Publicado

24/08/2022

La primera Ley de Patentes de los Estados Unidos data de 1790, tan solo 3 años después de aprobar su Constitución federal en la cual ya se adelantaba que se protegería la invención original, con el objetivo primordial de promover el progreso de la ciencia y útiles artes, asegurando por tiempo limitado a los autores e inventores el derecho exclusivo a sus respectivos escritos y descubrimientos.

En 1793 se aprueba una nueva Ley, como la anterior, auspiciada por Thomas Jefferson, Secretario de Estado por aquel entonces, posteriormente ha sido el tercer presidente de los Estados Unidos. En esta nueva Ley ya quedó establecido que una patente debe ser concedida a toda técnica, o mejora, que sea nueva y útil, en cualquier arte, máquina, fabricación o composición de materia; de hecho esta definición general respecto a lo que es patentable ha cambiado muy poco desde entonces.

En junio de 1834, Leonard Norcross solicita una patente USX8255 en los EEUU para un traje de buzo bajo el agua, que tenía un casco cerrado, hecho de plomo y con un tubo de aire que conectaba la parte superior del casco con la superficie. Este casco estaba unido a un traje, por medio de una válvula que, cuando la abría el buceador, llenaba todo el traje de aire.

Se ha sugerido que Norcross podría haber sido el inventor del primer traje de buzo cerrado, pero nada más lejos de la realidad; hoy en día, gracias al trabajo de investigación realizado en el Archivo General de Simancas por el profesor Nicolás García Tapia, catedrático de mecánica de fluidos en Universidad Politécnica de Valladolid, hemos podido saber que, con algo más de 200 años de antelación, el español Jerónimo de Ayanz y Beaumont había desarrollado y probado un traje de buzo en 1602, y no solo eso, sino que también había obtenido protección para su invento en España a través de una Cédula Real, en la que se le otorgaba un privilegio de invención sobre ese traje de buzo.

Jerónimo de Ayanz había nacido en Guenduláin (Navarra) en 1553. Comenzó su carrera como paje de Felipe II, pero pronto adquirió una fuerza y destreza tan considerables que le llevaron a combatir en numerosas contiendas, por las que llegó a ser nombrado regidor de Murcia y gobernador de Martos, aunque siempre mantuvo vivas sus múltiples aficiones: músico, cantante, pintor, cosmógrafo, rejoneador e inventor. En 1587 Felipe II le nombra Administrador General de Minas del Reino, un cargo que le obligaba a gestionar unas 550 minas situadas en diversas localizaciones del territorio español, que por aquella época abarcaba casi toda América y diversas posesiones en Europa y Asia; en este cargo se tuvo que ocupar no solo de la gestión económica, sino también de buscar solución a diversos problemas.

Patente USX8255 de Leonard Norcross

técnicos, para conseguir un óptimo funcionamiento de las explotaciones mineras del reino, de ahí que una parte importante de sus inventos estén destinados a la minería, como por ejemplo: un sistema de desagüe para minas que funcionaba con el mismo principio que el de la máquina de vapor (un siglo antes de que el inglés Thomas Savery inventara oficialmente la primera máquina de vapor); un sistema de refrigeración del aire en las minas, inyectando aire enfriado con nieve (por lo que también se podrían considerar el inventor del aire acondicionado); también están incluidos entre sus inventos una bomba para desaguar los barcos, un horno para desalar agua marina y, como ya hemos comentado, un traje de buzo. Jerónimo de Ayanz falleció en Madrid en 1613, siendo enterrado en la Catedral de Murcia, conjuntamente con su familia.

Entre los siglos XV y XIX las órdenes reales se expedían por medio de Cédulas Reales, que a su vez se inventariaban en Libros de Cédulas. La mayoría de estos libros se guardan en Simancas y, las que se referían a asuntos de ultramar, en Sevilla. En una de estas Cédulas, firmada por el rey Felipe III, se le otorga a Jerónimo de Ayanz un privilegio para disfrutar en exclusiva de unas 50 invenciones. Este privilegio, que ocupa casi 50 folios, está fechado el 1 de septiembre de 1606, en San Lorenzo del Escorial, y en él se recogen varios inventos, entre los que figura un traje de buzo.

En el Archivo de Indias de Sevilla también se conserva otro documento, fechado y firmado por el rey en Valladolid el 20 de junio de 1605, en el que también se concede a Jerónimo de Ayanz un privilegio de invención, por 20 años, para unos equipos de buzo similares a los del documento del Archivo de Simancas; aunque en este segundo documento los dibujos son de mayor calidad y en los componentes del equipo de buceo incluye también unas gafas.

El texto de uno de estos privilegios incluía una solicitud, presentada por el inventor, debidamente motivada y acompañada de una descripción y de unos dibujos de los inventos, para que finalmente la concesión del privilegio fuera firmada por el rey, previo informe favorable de dos especialistas.

Como podemos observar, la confección del expediente de un privilegio de invención era bastante similar a la actualidad, ya que básicamente sigue requiriendo: una solicitud, una descripción (con sus dibujos) y finalmente se obtenía un título de concesión, lo que ha cambiado sustancialmente ha sido el proceso de tramitación.

Antes de la concesión de la Cédula de un privilegio de invención, el invento debía de ser probado, incluso ante el rey, y de hecho hay constancia de que algunos de estos inventos de Jerónimo de Ayanz estuvieron implantados en las instalaciones mineras que administraba. En el caso del traje de buzo, se le solicitó la demostración del mismo y se preparó una exhibición ante el rey el 2 de agosto de 1602, en el río Pisuerga a su paso por Valladolid. El motivo de elegir esta ciudad es muy simple, en ese momento Valladolid era la capital del reino.

Dibujos del equipo de buzo de Ayanz

Tal y como nos cuenta Narciso Alonso A. Cortés en su libro editado en 1908, La Corte de Felipe III en Valladolid, el rey disponía para su recreo de numerosas góndolas y galeras en el río Pisuerga y es de esperar que ese día veraniego también hubiese multitud de nobles, cortesanos, escoltas y sirvientes, además del inventor y un hombre pertrechado con un extraño traje de buzo, dispuesto a sumergirse en el río. Tal y como cuenta el propio Jerónimo de Ayanz el evento se desarrolló así:

Su Majestad quiso ver lo que parecía más dificultoso, que era poder un hombre trabajar debajo del agua espacio de tiempo, y así, por agosto del año pasado de mil seiscientos y dos, fue con sus galeras por el río de esta ciudad, al jardín de don Antonio de Toledo, donde hubo mucha gente. Eché un hombre debajo del agua, y al cabo de una hora le mandó salir su Majestad, y aunque respondió debajo del agua que no quería salir tan presto porque se hallaba bien, tornó su Majestad a mandarle que saliese. El cual dijo que podría estar debajo del agua todo el tiempo que pudiese sufrir y sustentar la frialdad de ella y la hambre. Quisiera hacer esta prueba por otros caminos que causarán más admiración, y satisfacer con la que su Majestad más gustara de las demás de los pareceres, como se lo dije y se los di. Respondió de allí a cuatro días que guardase la memoria de las máquinas que le había dado hasta que las quisiese ver, pues por sus ocupaciones no lo había entonces”. Esta narración demuestra que el equipo de buzo fue probado con éxito y que Jerónimo de Ayanz que tenía otras máquinas dispuestas para que el rey pudiera verlas funcionar, aunque no quiso hacerlo en ese momento.

Pero los privilegios de invención, basados en Cédulas reales, no respondían a un patrón legal, puesto que se trataba de concesiones reales y no de un derecho individual, por tanto, no a todos los inventores que lo solicitaran se les concedía una real Cédula de invención; en caso de que obtuvieran este privilegio, la duración tampoco estaba regulada; aunque habitualmente eran 20 años, hay varios ejemplos en los que no ha sido así y en general los derechos adquiridos con ellas dependía en todo de la voluntad real.

España es uno de los estados más antiguos de occidente, ya que la unidad territorial actual es la misma que en 1492. Estas Cédulas han venido a probar también que nuestro país ha sido uno de los primeros en conceder ciertos privilegios a los inventores, similares a las patentes; a pesar de que nunca se ha caracterizado, ni por el apoyo a la innovación, ni por la inversión en nuevos desarrollos. Tengo la certeza de que si hubiera existido mayor apoyo oficial a los inventos de Ayanz, Peral, de la Cierva, de Haya y de tantos otros, España no hubiera perdido su posición a nivel internacional y de que, si hubiéramos sido los primeros en desarrollar el traje de buzo, el submarino o el helicóptero, difícilmente algún ejército hubiera podido enfrentarse al nuestro, tal y como sucedía en el siglo XVII con los tercios españoles, máxime si tenemos en cuenta que por aquel entonces su carácter de mejor ejército del mundo se debía únicamente a una simple lanza, a un modelo de organización y a la testosterona de la que los lanceros hacían gala.

Dibujos del equipo de buzo de Ayanz

Con este tipo de protección, de Cédulas reales para privilegios de invención, llegaremos hasta el inicio de la época Contemporánea, momento en el que, a finales de 1808, Napoleón Bonaparte visita nuestro país y se establece durante un corto tiempo en Chamartín de la Rosa, lo que ha quedado constatado en uno de los “Episodios Nacionales” de Benito Pérez Galdós; fue aquí donde promulgó una serie de decretos en los que, además de suprimir los derechos feudales y la Inquisición, también proclamó el libre comercio y de industria.

Como consecuencia de esta liberalización, durante el reinado de su hermano José I, se promulga el Real Decreto de 16 de septiembre de 1811 en el que se aprueba un texto legal que regula las patentes de invención y de introducción. En este RD se establece un sistema de patentes basado en el contrato entre el Estado y el Inventor, según el cual: el Estado le otorga al Inventor el derecho exclusivo de impedir que otros fabriquen, utilicen o vendan el invento patentado durante un periodo de tiempo fijo, a cambio de que éste divulgue los detalles del invento. Este simple principio ha regido los sistemas de patentes de todo el mundo hasta nuestros días, por más que actualmente se tienda a proteger más bien la inversión realizada en el desarrollo de la invención, que los derechos del inventor.

El regreso de Fernando VII al trono, en 1813, supuso la abolición de muchos de los principios y libertades establecidos y el retorno a la concesión de privilegios a través de una Cédula Real, motivo por el cual, mientras el Reino Unido, EEUU y Francia ya habían adoptado leyes de patentes similares, que propiciaron el desarrollo de la primera revolución industrial, nuestro país retornaba en todos los sentidos a la época anterior, incluso adoptando el antiguo el nombre de privilegio de invención.

Durante el periodo comprendido entre el 27 de marzo de 1826 y el 30 de julio de 1878, se solicitaron 5.909 expedientes, que podemos consultar en la Web histórica de la OEPM, pero no fue hasta 1878 cuando se aprueba al fin una Ley de Patentes en España.

En la Ley de 1878 se garantizaba, no tanto la propiedad del objeto inventado (como actualmente) sino la de los medios para conseguirlo, ya que se trataba de proteger con ella el establecimiento de una industria nueva; no obstante, esta Ley contaba con alguno de los principios de patentabilidad que han llegado hasta nuestros días y así, no podían ser objeto de patente los productos naturales, los descubrimientos científicos (mientras no se tradujeran en máquinas o aparatos prácticos a nivel industrial), los planes o métodos de crédito, y tampoco las preparaciones farmacéuticas o médicas, que no se han podido patentar hasta 1992.

También como actualmente, la duración de las patentes era de 20 años y se estableció el pago de anualidades para su mantenimiento. Se regulaba el régimen de las patentes de adición, así como la necesidad de la puesta en práctica de la invención.

Máquina de vapor de Ayanz

En la Ley de 1902 se aglutinan patentes, marcas y dibujos industriales en la misma y se crea un nuevo organismo para administrar el registro de todas estas modalidades, conocido como “Registro de la Propiedad Industrial” (antiguo nombre de la Oficina Española de Patentes y Marcas OEPM). Esta Ley moderniza en varios aspectos la anterior de 1878 e introduce una nueva modalidad que estuvo vigente hasta la Ley de Patentes de 1986: la patente de introducción, que permitía patentar inventos conocidos en el extranjero, aunque no podía impedir la importación del producto patentado.

En 1929 se aprueba el Estatuto de la Propiedad Industrial (EPI), en el que aparecen por primera vez en nuestro ordenamiento jurídico los modelos de utilidad, que constituyen una modalidad registral de importante éxito en España hasta hoy en día. El EPI también viene a mejorar las disposiciones legales referentes a patentabilidad, puesta en práctica, etc., con respecto a la Ley de 1902.

En lo que a patentes se refiere, la vigencia del EPI llegó hasta 1986, mientras que en marcas alcanzó hasta 1988 y en diseños industriales a 2003, yendo separándose paulatinamente todos los tipos de protección en distintas leyes. El motivo del cambio legislativo de 1986 no fue otro que la entrada de España en la CEE, que ha sido la que impuso como paso previo la actualización de cierta legislación y la firma de una serie de tratados sobre la materia, entre otros, el Convenio de Múnich, por el cual España entra a formar parte de la patente europea y el PCT que nos permite solicitar una patente internacional.

La Ley de Patentes de 1986 por fin presenta un corte moderno y contiene una gran amplitud de normas que abarcan todos los aspectos legales de las patentes y modelos de utilidad.

Además, esta Ley se ha ido actualizando en diversas épocas para adecuarla a cada acuerdo internacional que firmaba nuestro país; pero desafortunadamente una de estas modificaciones, en vez de establecer la obligatoriedad del examen sustantivo de la patente, como estaba previsto inicialmente, lo hizo optativo, con lo cual hasta 2017 han convivido patentes débiles (concedidas de forma directa y por tanto independientemente de lo ya conocido en el campo de la invención (estado de la técnica) y patentes fuertes (que se sometían a dicho examen, como resultado del cual podían acabar denegándose). Como quiera que la inmensa mayoría de las patentes se han concedido sin examen, existe una cierta inseguridad para las empresas que quieren comercializar un producto protegido en una patente débil, ya que al final van a depender de una decisión judicial, siempre incierta en nuestro entorno jurídico. Por este y otros motivos, en 2015, se aprueba una nueva Ley de Patentes, que ha entró en vigor el 1 de abril de 2017.

Al fin y a la postre, hemos tardado 180 años en establecer un sistema de concesión, con examen, similar al de los Estados Unidos; pero con respecto a los países más avanzados de Europa también nos han separado casi 40 años, en algunos aspectos que iremos desgranando a lo largo de estas historias.